abril 2004
Nº 112

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El negocio de la biblioteca
RAMÓN SALABERRIA

No sólo bibliotecarios, también autores y maestros se encuentran en pie de guerra: Una directiva de los países europeos que estipula que autores y editores deberían cobrar derechos por los préstamos de libros en bibliotecas públicas ha resucitado una vieja polémica y ha sacudido el silencioso ambiente habitualmente destinado sólo a la lectura.

A mediados de enero, una nota de la agencia Europa Press, recogida en diversos diarios, consiguió remover los cimientos de las bibliotecas españolas. Señalaba que en Bruselas se había formado una corriente de opinión que reprochaba a España no remunerar a los autores por el préstamo de sus obras en bibliotecas públicas como sí se hace en otros países europeos.
La nota de prensa fue el detonante para una movilización sin precedentes: artículos en la prensa, información a los usuarios de las bibliotecas, organización de jornadas contra el préstamo de pago en las bibliotecas y elaboración de manifiestos. A 2 de marzo, cientos de profesores universitarios habían suscrito un manifiesto, y más de 50 instituciones (asociaciones de bibliotecarios, redes de bibliotecas universitarias y públicas) y cerca de 1.400 personas habían mostrado su adhesión al "Manifiesto a favor del préstamo público" (www.cobdc.org) y 256 al "Manifiesto de autores en defensa del préstamo en bibliotecas", que se presenta en recuadro adjunto.
Académicos, como Delibes y Mateo Díez, novelistas, como Marsé y Trapiello, y poetas, como García Montero y Colinas, firmaron respaldando a la biblioteca española. Y dado que, más o menos, sólo la mitad de los títulos prestados por las bibliotecas públicas corresponde al ámbito literario, también hubo una amplia adhesión de autores de ámbitos como la antropología, economía, sociología, biología, matemática, ecología o historia y geografía. Y por supuesto, amplísimo, del libro infantil y juvenil.

De dónde viene y adónde va
Todo parte de una directiva de cuando a la Unión Europea se la designaba como Comunidad Económica Europea. Era 1992 y la directiva se tituló: "Sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual". Era el intento de hacer una amalgama a partir de la legislación que sobre el derecho de préstamo público había establecido, en diferentes épocas, una docena de países: los nórdicos, Holanda, Alemania, Reino Unido, entre otros.
Este derecho, en muchos casos, había nacido para apoyar la creación en lenguas de pocos millones de lectores y, en todos los casos, en países con fuertes redes de bibliotecas y altos índices de préstamo. En 1996, las bibliotecas públicas holandesas hacían 11,10 préstamos por habitante y por año; Reino Unido, 9,20; y España, 0,62. Si el préstamo de las bibliotecas públicas españolas creciera al ritmo que lo ha hecho en el período 1990-2000, alcanzaría la media
estimada para la Unión Europea en 1998 allá por el año 2030.
La directiva establece el principio de un derecho de préstamo exclusivo de los derechohabientes, esto es, la posibilidad de prohibir o autorizar el préstamo de sus obras a las instituciones públicas. No obstante, permite a los Estados miembros optar por un derecho de remuneración y -lo que es más importante para nuestra causa- establece excepciones al derecho exclusivo de préstamo para determinadas categorías de entidades públicas, como, ejemplo señero, las bibliotecas.
A esta excepción nos aferramos los bibliotecarios y muchos usuarios de bibliotecas que en estas últimas semanas se han manifestado contra la aplicación de la directiva de marras. No es capricho, es por la misma situación de las bibliotecas españolas. Si las bibliotecas públicas han crecido en número en los años noventa, han triplicado el número de usuarios y han aumentado (modestamente) sus colecciones, aún la distancia que las separa de la media europea es considerable. Mientras que se adquiere un libro para las bibliotecas públicas danesas por cada dos habitantes y en Finlandia uno por cada tres, en España se adquiere un libro por cada veinte. Las inversiones en bibliotecas públicas apenas alcanza la tercera parte de la realizada como media en la Unión Europea.
En tal situación mejor será destinar más y más fondos públicos a la biblioteca, hasta algún lejano día acercarnos a una media europea. Si se adquieren más documentos para la red de bibliotecas todos ganarán: ganarán los ciudadanos que son los que con sus impuestos financian el sistema, ganarán los editores que venderán más, ganarán los autores cuya obra se difundirá más y recibirán más por derechos de autor al ser adquiridos cada vez más por las bibliotecas y ganarán los libreros, pues, al contrario de lo que pregonan las entidades de gestión de derechos de autor -sin ningún estudio que lo sustente-, el préstamo no mata ventas, el préstamo bibliotecario fomenta el libro, como ninguna otra institución lo hace, y su venta entre los que también son prestatarios.
Los únicos que no saldrían ganadores serían las entidades de gestión de derechos de autor, que son las únicas que en España se han manifestado a favor del cobro de una tasa por los préstamos en biblioteca. Es el caso de una asociación civil, el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), cuyo fundador, y actual vicepresidente, Juan Mollá, acudió el pasado octubre a una reunión en Londres para impulsar el supuesto cumplimiento (esto es, el cobro por préstamo, según su interpretación) de la directiva. Ya de regreso publicó en el boletín de su asociación el artículo "El derecho de préstamo bibliotecario, asignatura pendiente". No por casualidad, a mediados de enero la prensa española publicaba la nota de Europa Press antes citada.
El Ministerio no sabe, no contesta.

Ramón Salaberria (Rentería, 1959) es bibliotecario, trabaja hace quince años en la revista Educación y Biblioteca y hace ocho reside en México.